Luego de un día lleno de reuniones entre los voceros de los presos políticos mapuche en Concepción con Moseñor Ezzati y representantes del Gobierno, el arzobispo anunció que un grupo mayoritario de los huelguistas llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para finalizar la movilización luego de 82 días en huelga de hambre.
El acuerdo incluye un compromiso del Gobierno de “no perseverar” en las querellas terroristas que fueron presentadas durante la administración de Michelle Bachelet, ya que gracias a las modificaciones impulsadas a la ley antiterrorista, “el Gobierno no tiene la convicción de que los hechos imputados sigan siendo imputables como terroristas”, por lo que las causas serían replanteadas bajo derecho penal común. Durante los próximos 5 días se realizaría la presentación ante los tribunales para concretar el compromiso y el Ministerio de Salud les entregará apoyo médico a los comuneros.
Además, el Gobierno continuaría impulsando la modificación al código de Justicia Militar con el objetivo de que los civiles sean juzgados por tribunales ordinarios, evitando así la posibilidad de un doble procesamiento.
Hasta el momento sólo los 10 presos de Angol estarían rechazando el acuerdo, aunque darán a conocer su postura oficial mañana sábado, mientras los comuneros que se encontraban en Puerto Montt realizando una huelga de hambre solidaria afirmaron que continuarán hasta que finalice la movilización de los últimos presos.
El ministro Hinzpeter en declaraciones en TVN afirmó que está “seguro que se han sentado las bases para un acuerdo fraterno entre todos los chilenos” y que esperaba que el resto de los comuneros se sumen al acuerdo en las siguientes horas.
Cabe destacar que en una entrevista publicada por el diario La Segunda, el fiscal nacional Sabas Chahuán afirmó que respecto al posible retiro de las acusaciones bajo la Ley Antiterrorista, sería posible evaluar la situación gracias a las modificaciones “pero no se puede retirar la acusación contra personas que emboscaron y acribillaron la comitiva donde iba un fiscal, carabineros y la PDI”.
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